La situación del municipio es insostenible y el Ejecutivo busca aplicar medidas de excepción para garantizar su funcionamiento. El conflicto con los trabajadores crece y el Concejo Deliberante aún no logró tratar la ordenanza por el clima de tensión.
Actualidad02/06/2025
Redacción SVisión Digital
La Municipalidad de Monte Maíz atraviesa una situación crítica a nivel económico, financiero y administrativo, al punto que el Ejecutivo local presentó un proyecto de ordenanza que busca declarar la emergencia por el plazo de un año. La iniciativa se sustenta en el profundo deterioro de las finanzas municipales producto de múltiples factores estructurales.
El proyecto fue leído en el Honorable Concejo Deliberante, pero no pudo ser tratado ni votado debido a un clima de altísima tensión. Gritos, insultos, bocinazos y repiques de tambor dominaron la sesión, impidiendo que se avanzara en el debate parlamentario. La situación derivó en un cuarto intermedio de más de tres horas, tras el cual se levantó la sesión al considerar que no estaban dadas las condiciones para continuar. La Secretaria de Finanzas, llamada a brindar explicaciones, nunca ingresó al recinto.
En el centro del conflicto se encuentra la intención del Ejecutivo de implementar una serie de medidas de emergencia, entre ellas:
• Suspensión de los aumentos salariales previstos para mayo y junio.
• Reducción transitoria de la jornada laboral del personal a seis horas diarias.
• Reducción del 20% en las remuneraciones del personal político.
• Suspensión del pago de horas extras y adicionales, con algunas excepciones.
• Revisión y renegociación de contratos en curso.
• Prohibición de gastos superfluos.
Estas medidas han sido duramente cuestionadas por el gremio de empleados municipales, que permanece en estado de alerta y movilización. Según el sindicato, su aplicación implicaría una reducción significativa del poder adquisitivo de los trabajadores y el recorte de derechos laborales adquiridos. La negociación entre las partes continúa, aunque marcada por profundas diferencias.
Desde sectores de la oposición se planteó que el proyecto fue ingresado sin el debido consenso y sin diálogo previo, lo que dificultó cualquier posibilidad de tratamiento en condiciones normales. Además, se cuestionó que la reducción de la jornada laboral de siete a seis horas diarias no contribuye a la recuperación del municipio y que se intenta trasladar el peso del ajuste principalmente al personal de planta, sin exigir una reducción proporcional más significativa en la estructura política del Ejecutivo.
Según cálculos expresados en el debate público, la aplicación plena del proyecto impactaría en el 100% de los trabajadores municipales, con una reducción estimada del 40% en los haberes de bolsillo. También se señaló que los aumentos salariales otorgados a comienzos de año quedarían sin efecto, lo que supone para muchos empleados un retroceso económico que se extendería durante al menos doce meses.
Otro punto señalado por sectores críticos es la falta de ejecución de obras proyectadas con fondos provinciales, como el caso de los 200 millones de pesos destinados hace más de un año para tres frentes de obra, de los cuales solo se habría concretado una cuadra de pavimento. A esto se suma la preocupación por la incorporación de personal durante los primeros meses del año, en un contexto donde ya se advertía un fuerte desequilibrio fiscal.
El quiebre del equilibrio financiero quedó expuesto cuando la masa salarial municipal, incluyendo aportes patronales, superó en abril los ingresos totales por coparticipación. Esta situación llevó al Ejecutivo a declarar que el municipio no puede sostener su funcionamiento sin aplicar medidas excepcionales.
En tanto, trabajadores municipales se movilizaron durante la semana frente al Palacio Municipal e hicieron asambleas en rechazo al plan de emergencia. También se preparan para asistir nuevamente a la sesión del Concejo, donde se intentará retomar el tratamiento de la ordenanza. El gremio insiste en que los trabajadores no deben ser los únicos que paguen el costo de la crisis y reclama la presencia activa del intendente, cuya ausencia en las últimas reuniones ha sido duramente criticada.
La comunidad de Monte Maíz asiste así a una de las crisis institucionales más complejas de los últimos años. La aprobación del proyecto de emergencia podría definir el rumbo financiero del municipio para los próximos meses, pero su tratamiento depende de lograr condiciones políticas y sociales mínimas para el debate legislativo. Mientras tanto, la tensión crece y la incertidumbre domina el escenario local.
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