Monte Maíz: el Concejo aprobó el convenio con el ERSeP en medio de cuestionamientos por el impacto real en el servicio de agua

El Concejo Deliberante de Monte Maíz aprobó este jueves, en sesión extraordinaria realizada a las 20:30 horas, el convenio entre el Departamento Ejecutivo y el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP), mediante el cual se establece un nuevo marco de regulación y control para el servicio de agua potable y saneamiento en la localidad.

La iniciativa fue sancionada por mayoría absoluta con el voto afirmativo exclusivo de los concejales del bloque oficialista, mientras que la oposición votó en contra al considerar que el acuerdo no da respuesta a los problemas de presión y provisión del servicio que vienen siendo reclamados por vecinos de distintos sectores de la localidad.

Durante la sesión estuvo presente el secretario de Gobierno, Ignacio Silva, quien brindó una exposición general sobre los alcances del convenio. En su intervención, explicó que el acuerdo permitirá que el ERSeP asuma funciones de auditoría, control técnico y administrativo sobre el servicio, incorporando un esquema de regulación provincial.

No obstante, ante las consultas del bloque opositor, el funcionario evitó asegurar que el convenio represente una solución inmediata a la problemática del agua. Al ser consultado sobre beneficios concretos en el corto plazo, señaló que se trata de un marco institucional y que las dificultades actuales deberán resolverse a futuro, a través de decisiones posteriores.

Según lo establecido en el texto aprobado, el municipio delega en el ERSeP las funciones de regulación y control del servicio de agua potable y saneamiento, incluyendo la fiscalización de la calidad del servicio, el control del cumplimiento de normas técnicas, la resolución de conflictos entre usuarios y prestadores, la intervención en la determinación de tarifas y la aplicación de sanciones ante incumplimientos.

El convenio también habilita al organismo provincial a intervenir en la definición de obras necesarias para mejorar o ampliar el servicio, ya sea a solicitud del municipio o de oficio, en caso de detectarse fallas en la prestación. Sin embargo, se aclara que el municipio mantiene su rol de poder concedente y continúa siendo responsable ante la comunidad por la continuidad y calidad del servicio público.

Desde una perspectiva formal, el acuerdo incorpora a un organismo especializado que podría aportar mayor control institucional y transparencia regulatoria. No obstante, el texto no fija plazos, obras concretas ni inversiones inmediatas que aseguren mejoras visibles en la presión, el caudal o la continuidad del suministro de agua.

Otro de los puntos cuestionados fue la tasa de regulación del 1,2 % sobre la facturación bruta del servicio, cuyo costo será trasladado a los usuarios. La oposición sostuvo que esta carga adicional no tiene una contraprestación clara en términos de mejoras concretas para los vecinos.

Desde el oficialismo, en tanto, defendieron el convenio como una herramienta necesaria para ordenar el sistema de control y alinearlo con los criterios regulatorios provinciales. Con la aprobación del proyecto, el Departamento Ejecutivo quedó autorizado a suscribir el convenio y su anexo, que pasan a integrar la normativa local, mientras que el impacto real del acuerdo quedará sujeto a futuras decisiones administrativas, eventuales obras y a la intervención efectiva del ERSeP.