Redacción SVisión Digital
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, promulgó la Ley Provincial N.º 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, que establece un nuevo marco legal para intervenir inmuebles vinculados al delito y recuperar espacios que representen un riesgo para la seguridad pública.
La normativa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, declara de interés público el ordenamiento territorial en materia de seguridad y habilita la identificación, intervención y recuperación de propiedades utilizadas como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito. También contempla la actuación sobre inmuebles abandonados o deteriorados cuando constituyan un peligro para la comunidad, aclarando que el desuso, por sí solo, no será motivo suficiente para intervenir.
Entre las medidas previstas figuran el tapiado, cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia preventiva de los inmuebles, con el objetivo de impedir que continúen siendo utilizados para actividades ilícitas. Estas acciones tendrán carácter preventivo y temporal, con una duración inicial de hasta seis meses, prorrogable si persisten las condiciones que justificaron la intervención.
La ley también incorpora modificaciones a la legislación vigente para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. En ese marco, los fiscales especializados podrán solicitar a la Justicia medidas como la clausura de búnkeres, el aseguramiento de inmuebles, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilegal y, en casos excepcionales, la demolición total o parcial de las estructuras utilizadas para el narcomenudeo, siempre mediante resolución judicial.
Además, la normativa crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que coordinarán el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los gobiernos locales.
Otro de los aspectos destacados de la ley es el destino de los bienes y recursos decomisados en causas de narcotráfico. El 60% de los fondos obtenidos por su venta será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la FPA, mientras que el 40% restante financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, vehículos y otros bienes secuestrados podrán ser asignados para uso operativo de la FPA y del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
