Redacción SVisión DigitalEn un fallo considerado histórico para la Justicia provincial, el Tribunal de la ciudad de Río Tercero junto a los jurados populares dictó la absolución de Jenifer Raimondo, quien se encontraba procesada por la muerte de su padre, Atilio Raimondo, en un hecho ocurrido a comienzos de 2025 en una zona rural de Almafuerte.
La decisión fue adoptada de manera unánime luego de las audiencias del juicio oral y público, donde la defensa de la joven sostuvo que su accionar estuvo amparado por la figura de la legítima defensa con perspectiva de género, en el marco de una situación de violencia familiar sostenida durante años.
El abogado defensor, Carlos Pajman, presentó una estrategia jurídica que resultó determinante para el desenlace de la causa. Durante el debate, argumentó que los hechos no podían analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto marcado por reiterados episodios de violencia, abusos y vulneración de derechos sufridos por la acusada desde su infancia.
Según trascendió del proceso judicial, las pruebas incorporadas al expediente y los testimonios expuestos durante el juicio permitieron reconstruir un escenario de agresiones físicas, explotación laboral y abusos atribuidos a su progenitor. Asimismo, especialistas que participaron como peritos señalaron que la joven se encontraba sometida a un entorno de extrema violencia que afectó gravemente su estado emocional y psicológico.
Los informes técnicos concluyeron que la situación vivida durante años generó un profundo impacto en la capacidad de análisis y reacción de la acusada, evaluando que su conducta se produjo dentro de un contexto de supervivencia frente a una amenaza constante y persistente.
La resolución judicial es considerada por distintos sectores como un antecedente relevante en la aplicación de la perspectiva de género dentro del ámbito penal, al incorporar el análisis integral de los contextos de violencia intrafamiliar y las obligaciones asumidas por el Estado a través de tratados y normativas nacionales e internacionales vinculadas a la protección de las víctimas.
Con este veredicto, la Justicia cordobesa cierra uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos en la región, dejando además un precedente que podría influir en futuras causas donde se debatan situaciones extremas de violencia de género y legítima defensa.
