Redacción SVisión DigitalEl juez de audiencia de juicio de General Pico, Federico Pellegrino, condenó a dos empresarios oriundos de Justiniano Posse por una serie de estafas vinculadas a operaciones de compra de hacienda realizadas con cheques sin fondos.
Los condenados son Aníbal Antonio Alberto, de 70 años, y su hijo Andrés Aníbal Alberto, de 46, quienes fueron hallados coautores materiales y penalmente responsables del delito de estafa en un total de 11 hechos.
Como parte de la sentencia, Aníbal Antonio Alberto recibió una pena de tres años de prisión efectiva, mientras que Andrés Aníbal Alberto fue condenado a tres años y seis meses de cumplimiento efectivo.
Según la investigación judicial, ambos se desempeñaban como titulares y administradores de la firma Panema S.A., con sede en Justiniano Posse. La empresa realizó operaciones de compra de ganado vacuno en la provincia de La Pampa y contrató servicios de transporte para trasladar la hacienda hacia establecimientos rurales de Córdoba.
De acuerdo con la acusación, los pagos fueron realizados mediante cheques físicos y electrónicos de pago diferido que luego fueron rechazados por falta de fondos, perjudicando a dos firmas ganaderas y a dos empresas transportistas.
Uno de los hechos juzgados ocurrió durante ferias ganaderas realizadas el 15 de enero y el 5 de marzo de 2021, donde adquirieron 195 cabezas de ganado. El perjuicio económico informado en ese caso fue de 5.773.818 pesos.
En otra operación concretada entre enero y marzo de ese mismo año, compraron 475 animales utilizando también cheques rechazados, generando un daño económico superior a los 10,5 millones de pesos.
Además, empresas transportistas denunciaron la falta de pago por viajes realizados hacia Justiniano Posse, acumulando importantes deudas por servicios prestados.
Durante los alegatos, el fiscal general Armando Agüero sostuvo que Panema S.A. atravesaba una delicada situación económica, aunque continuaba realizando operaciones comerciales. También señaló que los imputados acumulaban más de 1.000 cheques rechazados.
En la sentencia, el magistrado consideró probado que los acusados realizaron las compras sabiendo que no podrían afrontar los pagos al vencimiento de los documentos emitidos. También tuvo en cuenta la magnitud del perjuicio económico, la cantidad de hechos investigados y la ausencia de reparación a las víctimas, indicando que el daño actualizado supera los 1.000 millones de pesos.
