Redacción SVisión DigitalEl Gobierno de la Provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo protocolo que establece que quienes realicen falsas amenazas de tiroteo en escuelas deberán afrontar los costos de los operativos de seguridad que se activen a raíz de estos hechos.
La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad, busca frenar las intimidaciones y falsas alarmas en el ámbito educativo, estableciendo que los gastos derivados de intervenciones policiales, bomberos, brigadas especiales y áreas de investigación serán reclamados a los responsables o, en el caso de menores, a sus padres o adultos responsables.
A partir de esta disposición, cada situación que implique el despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos.
El procedimiento prevé que, una vez identificados los autores, se realice un cálculo detallado de los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención. Con esa información, el Estado avanzará en la intimación de pago y, si corresponde, en acciones judiciales para su cobro.
Desde el Gobierno provincial señalaron que este tipo de hechos no son menores, ya que alteran el normal funcionamiento de las instituciones educativas, generan preocupación en estudiantes, docentes y familias, y demandan una respuesta inmediata que implica un importante despliegue de recursos.
El protocolo será aplicado en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes, en el marco de una política de tolerancia cero frente a estas conductas.
