Redacción SVisión Digital
La Justicia Federal de Córdoba condenó a un exempleado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a su pareja por participar en una maniobra de defraudación contra el Estado nacional que provocó un perjuicio económico de $43.910.883.
Los condenados son Osvaldo Abel Acuña, quien se desempeñaba como trabajador administrativo del organismo previsional, y Silvana Andrea Baudracco. La sentencia fue dictada el 29 de octubre de 2026 por la jueza María Noel Costa, integrante del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba, mediante un procedimiento de juicio abreviado.
Ambos recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional y multas de $90.000 cada uno, además de reglas de conducta que deberán cumplir para mantener la condicionalidad de las condenas.
La investigación permitió identificar 53 operaciones irregulares realizadas entre 2021 y 2025: 27 en la oficina de ANSES de Leones y otras 26 en la delegación de Bell Ville. Según se estableció, las maniobras comenzaron cuando Acuña trabajaba en Leones y continuaron luego de su traslado a Bell Ville.
El mecanismo consistía en generar nuevas órdenes de pago sobre jubilaciones y pensiones que ya habían sido cobradas por sus legítimos beneficiarios. Para ello, el exempleado utilizaba irregularmente una herramienta administrativa denominada REPA, destinada a gestionar repagos de prestaciones previsionales.
De acuerdo con la investigación, Acuña aprovechaba sus conocimientos sobre los procedimientos internos y el sistema informático del organismo. Además, utilizaba credenciales de acceso pertenecientes a otros empleados, cuyas claves obtenía bajo el argumento de ayudarlos cuando tenían dificultades técnicas.
La participación de su pareja resultó fundamental para concretar el retiro del dinero a través de una entidad bancaria, según lo reconstruido durante la investigación.
Uno de los aspectos destacados de la causa es que los jubilados y pensionados involucrados habían recibido sus haberes normalmente. La maniobra consistía en generar un segundo pago sobre prestaciones ya abonadas y desviar esos fondos, por lo que el perjuicio económico recaía sobre los recursos públicos y no sobre los beneficiarios originales.
La investigación comenzó en 2025, cuando las autoridades de ANSES de Bell Ville detectaron movimientos administrativos sospechosos y realizaron una denuncia penal. A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal avanzó con el análisis de registros informáticos, documentación administrativa y movimientos bancarios que permitieron reconstruir las operaciones e identificar a los responsables.
Finalmente, el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados permitió resolver la causa mediante un juicio abreviado, sin necesidad de desarrollar un debate oral completo.
La sentencia puso fin a una investigación que permitió descubrir un esquema de utilización indebida de herramientas informáticas y procedimientos administrativos de ANSES, con un perjuicio de casi 44 millones de pesos para el Estado nacional.
